Esperpéntica situación la vivida con el asunto del contrato de compra de balas para las pistolas de los grupos de élite de la Guardia Civil, cuya empresa proveedora, es una empresa Israelita, al igual, que la empresa que suministró las pistolas. ¿qué hay detrás de este trampantojo? Lo que hemos podido ver a vista del ojo y oído humano, es la ruptura del principio de legalidad y seguridad jurídica, ya que el propio Gobierno Español, se ha pasado por “el arco del triunfo” la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa europea en esta materia, transpuestas al ordenamiento jurídico español. A partir de ahora, la empresa adjudicataria que se adjudique un contrato de este gobierno de Pedro Sánchez, ajustándose escrupulosamente al pliego de condiciones, aunque se publique en el BOE dicha adjudicación, tendrá abierto el riesgo de cancelación súbita, no ya por cuestión de extrema necesidad o urgencia, sino por el simple capricho o arbitrio de la posible exigencia, a modo de rescate pedido del secuestrador que, sabiendo que tiene en su mano a todo un Presidente del Gobierno y que no tiene la dignidad mínima para no someterse a tal chantaje, le puede apretar donde más le duele, que es con poner en riesgo la continuidad de este gobierno fracasado, para que sea el propio Presidente del Gobierno de España, el que haga saltar por los aires, los principios legales, constitucionales y de derecho internacional, dejando al pie de los caballos a un Ministro del Interior, que está realzando así su figura de ministro “pelele”, y dejando a los grupos de la Guardia Civil  que más probabilidad tienen de tener que usar las más de 6 mil pistolas israelitas que ya posee (las pistolas Ramón) sin la única munición que se ajusta a estas armas.

     Juan Ignacio Díaz Martín

Pero, un trampantojo como este, esconde otras derivas importantes, que pasan desapercibidas al ojo humano: la amenaza de la parte de Izquierda Unida, dentro de Sumar, en el Gobierno de Pedro Sánchez, es mucho más poderosa de lo que el propio PSOE pudiera haber calibrado. Para poder evaluar el grado de importancia, hay que analizar las posibles consecuencias que se hubieran producido de haberse mantenido el contrato adjudicado, y el presidente del Gobierno, hubiera actuado con dignidad y ética, habiendo ordenado que el contrato adjudicado se mantenía, le pesara a quien le pesara. Si IU hubiera llevado a cabo su amenaza, Pedro Sánchez podía haber seguido gobernando, con una simple remodelación de su equipo de ministros, por lo menos, un tiempo más, a sabiendas, que en el Congreso de los Diputados, probablemente, ya no gozaría de esa mayoría de supervivencia, no sólo por la resta de votos de los diputados de IU, sino probablemente de los de Podemos. Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez, el secuestrado, ha pagado este rescate y a quién se lo ha pagado? ¿A Yolanda Díaz para contrarrestar la operación de desgaste a la que le somete Podemos?

Lo que hemos podido ver a vista del ojo y oído humano, es la ruptura del principio de legalidad y seguridad jurídica, ya que el propio Gobierno Español, se ha pasado por “el arco del triunfo” la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa europea en esta materia, transpuestas al ordenamiento jurídico español

Si al final, hay que pagarle a la empresa de Israel el valor del contrato, o una gran parte, se habrá consumado la mayor falacia: pistolas sin balas, y encima dándole el dinero a los Israelitas, todo por un favor político a Yolanda Díaz o por alguna jugada que ya tiene prevista Pedro Sánchez, pero en otro tablero de juego, que todavía no intuimos.