no hablo de la famosa película. Sino de Pedro Sánchez.

Ya lo he dicho alguna vez en esta misma tribuna: los que hemos estudiado Derecho, y además ejercemos la profesión dentro del mundo judicial, estamos viendo cosas que son absolutamente inverosímiles. Y lo del Fiscal General del Estado quizás se lleve la palma.

Cualquiera que tenga dos dedos de frente y un mínimo de cultura general (y, por tanto, excluyo desde este momento a los votantes de la PSOE, que seguirán viendo la Sexta y demás medios de propaganda sanchista, y aplaudiendo a los mercenarios que se hacen pasar por tertulianos) se dará cuenta de la situación bochornosa y patética del Fiscal General y, de paso, la poca credibilidad y confianza que puede ofrecer la Justicia en general a los ciudadanos, cuando el máximo responsable de que se garantice la Ley en un Estado está claramente condenado después de las declaraciones de sus compañeros, la fiscal jefe de Madrid y el fiscal jefe de delitos económicos. Pero no dimite porque Sánchez no le deja dimitir. Es el último bastión de defensa para que sus familiares y él mismo no acaben en el banquillo de los acusados.

 Ángel García Calle

Esta situación presenta como paradoja que la fiscal que lleva el caso ante el Tribunal Supremo, tenga que presentar acusación contra su “jefe”, e insisto en la palabra jefe, porque la fiscalía está sometida al principio de jerarquía, es decir, que García Ortiz bien puede ordenar a su subordinada que no presente acusación contra él.

Es evidente que esta situación kafkiana debería provocar una reforma urgente del Estatuto del Ministerio Fiscal para obligar a cesar a un Fiscal General del Estado desde el momento en que tenga la condición de investigado.

«La “Ley Begoña” tiene como finalidad espuria limitar gravemente el derecho constitucional a la acusación popular, y además con efectos  retroactivos, para que desaparezcan las acusaciones en los casos de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez»

Pero, curiosamente, las únicas reformas legislativas recientes son la llamada “Ley Begoña” y la ley de eficiencia de la administración de justicia. La primera tiene como finalidad espuria limitar gravemente el derecho constitucional a la acusación popular, y además con efectos retroactivos, para que desaparezcan las acusaciones en los casos de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez La segunda supone que la Justicia (que, por definición, solo debe ser ecuánime, imparcial y equitativa) sea “eficiente”, es decir, y según la definición de la RAEL, capaz de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. En otras palabras, que a la administración de justicia no se la va a dotar de más recursos económicos ni humanos, que es lo que está demandando desde hace años. Así que seguirá siendo lenta y, por tanto, injusta.

Prueba de ello es que en noviembre de 2025 se comenzará con el juicio a Puyol. ¿Os acordáis del caso? La matriarca del clan murió y se fue de rositas y el “capo”, Jordi Puyol, seguramente tampoco entre en prisión por su edad, así que sus descendientes serán multimillonarios y nadie habrá entrado en prisión.

Curiosamente el “capo”, viendo la que se le venía encima, confesó sus trapicheos en julio de 2014, y justo en septiembre de 2014, el Parlamento catalán aprobó la Ley de Consultas de Cataluña, que fue declarada inconstitucional porque permitía un referéndum para la independencia de Cataluña. Todo concentrado en el tiempo y muy rápido, para que se hablase de lo que después se denominó “procés” y no de los chanchullos del “molt honorable president” Jordi Puyol. Lo mismito que Sánchez y sus delitos y los de su familia y la PSOE. Aquella jugada le salió bien a Puyol. Esperemos que Sánchez no tenga tanta suerte y acaben, él y sus compinches, con los huesos en la cárcel.