Llevábamos más de una semana recibiendo advertencias y avisos de la AEMET y otras agencias meteorológicas. A medida que nos acercábamos al día 29 de octubre las advertencias subían de intensidad, anunciando acumulados de 150 litros/m2, incluso 200 o más en 12 horas. Los habituales avisos amarillos, se tornaban naranja y poco antes del amanecer del día 29 ya eran rojos, lo que indicaba que el peligro era extremo. Aún así nadie imaginó, tampoco la AEMET, que iban a caer más de 600 e incluso 700 litros/m2.

 Francisco Castañares Morales

Durante las horas clave no se supo la información del agua que bajaba por los torrentes, ramblas, ríos y arroyos de una cuenca hidrográfica que está bajo la responsabilidad de la Confederación del Júcar. Y cuando informó ya era tarde. La AEMET informa del agua que puede caer, pero son las Confederaciones Hidrográficas las que tienen la responsabilidad de vigilar el caudal y advertir si subiera tanto que pudiera poner en riesgo a la población que habita en sus riberas.

Ambos organismos, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), son competencia del Estado y están adscritos al Ministerio de Transición Ecológica. Ambos tenían la responsabilidad de advertir e informar en tiempo real de la evolución de las lluvias, previstas y caídas (la AEMET), y el caudal de agua que bajaba por cada uno de los cauces (la CHJ).

La protección civil ordinaria, en sus niveles 1 y 2, es competencia de las administraciones autonómicas, la Generalitat Valenciana en este caso. Pero en este tipo de emergencias la administración autonómica depende de una información, meteorológica y de caudal, que no son de su competencia. Tampoco tiene las de prevención de avenidas y riadas. Eso es algo que no ocurre por ejemplo en el caso de los incendios forestales, en los que las administraciones autonómicas, con competencias en su extinción, las tienen también en materia de prevención y en las de gestión de los espacios forestales. Es decir, las tienen todas. Y tienen también los medios de extinción para hacerlos frente. En el caso de las riadas e inundaciones no.

Es francamente difícil ejercer así competencia alguna. Para la prevención dependen del estado, para la información también, pero es que situaciones de emergencia extrema, como las que se vivieron en Valencia, Castilla La Mancha, Murcia y Andalucía el pasado día 29 de octubre y siguientes, solo se pueden hacer frente movilizando el ejército y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

A veces los políticos se vuelven locos transfiriendo competencias y no le dedican un segundo a pensar con la cabeza cómo se funciona mejor y cómo es imposible funcionar. Las autonomías se crearon para acercar la solución de los problemas a los territorios, pero no para crear absurdos sistemas cruzados que son imposibles de controlar. En el caso de una riada extrema, como la que provocó la DANA del 29 de octubre, la ministra de Transición Ecológica, a través de sus departamentos correspondientes, tenía que informar y alertar al presidente de la Comunidad Valenciana, para que este alertara, a su vez, a la población, confinándola si estaba en zona segura y evacuándola si estaba en zona inundable. Y automáticamente, tenía que decirle que le pidiera ayuda (al Estado) para poder hacer frente al desastre que se les venía encima a los valencianos. Porque ellos, los responsables de la administración del Estado lo sabían… o tenían los medios para saberlo.

Decididamente se han vuelto locos. Si el señor presidente del gobierno de España tiene las competencias sobre el organismo que alerta de lo que puede llover, sobre el que tiene que avisar del nivel de agua que llevan los cauces públicos, sobre el ejército y sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿va a ser el presidente de la Comunidad Autónoma quien dirija y haga frente a la emergencia?

La emergencia era un clarísimo nivel 3 y el gobierno central debió declararla, asumir el control y enviar el ejército, al mando del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, desde el primer momento. No se hubiera evitado la riada, pero se hubieran salvado muchas vidas y, sobre todo, se habría protegido y cuidado a los supervivientes con hospitales, cocinas, tiendas y comedores de campaña, puentes provisionales, construidos por ingenieros y zapadores militares, bulldozers a gran escala para desatascar las calles y apartar los coches, bombas para achicar agua de los bajos y garajes inundados, TOAS, zodiacs... La gente habría tenido comida, agua potable, medicinas y ayuda médica desde el primer momento y no se habría sentido abandonada.

Fallaron los protocolos, pero sobre todo fallaron los políticos, fallaron las instituciones. ¿Quién tiene más responsabilidad? Aunque cada uno tiene la suya y serán los tribunales los que las determinarán en cada caso, obviamente había quien tenía los medios a su cargo para saber lo que podía pasar y había quien no los tenía. Había quien tenía los medios para paliar los terribles efectos de las inundaciones y había quien carecía de ellos. Dicho esto, deberían dimitir todos, unos por desaparecer en plena emergencia y otros por mirar para otro lado y no aparecer. Empezando por Mazón y su Consejo de Gobierno y continuando por Sánchez y su Consejo de Ministros.

La emergencia era un clarísimo nivel 3 y el gobierno central debió declararla, asumir el control y enviar el ejército, al mando del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, desde el primer momento. No se hubiera evitado la riada, pero se hubieran salvado muchas vidas y, sobre todo, se habría protegido y cuidadoa los supervivientes

Los españoles tenemos derecho a que el Estado nos defienda y proteja en cualquier rincón del territorio español. Las bobadas competenciales déjenlas para sus jueguecitos absurdos con “Puigdemones”, “Junqueras”, “Otegis” y “Ortúzares”, pero no jueguen con la vida de los españoles