El presidente de la Diputación de Badajoz logra un acta de diputado regional justo antes de que se emita el auto de apertura de juicio oral por el “caso David Sánchez”

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura (PSOEX) y presidente de la Diputación de Badajoz, ha obtenido en tiempo récord su acta como diputado en la Asamblea de Extremadura, una maniobra que le permitirá ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al adquirir la condición de aforado. Esta acción llega a pesar de que hace apenas cuatro meses aseguró públicamente que no lo haría hasta que se cerrara el "caso David Sánchez", afirmando: “No tengo que huir de nada, porque cuando no hay nada, nada tiene uno que temer”.

La acusación solicita para Gallardo una pena de 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, así como una multa superior a 30.000 euros

La jueza instructora del caso, Beatriz Biedma, dictó el auto de apertura de juicio oral contra Gallardo, David Sánchez y otros nueve imputados, justo un día después de que el presidente provincial solicitara el acta de diputado.

Para lograrlo, Gallardo forzó la dimisión de Mari Cruz Rodríguez su ex jefa de gabinete en la Diputación, y de otros cuatro miembros de la lista del PSOEX que debían asumir el escaño por orden riguroso. Estos cinco compañeros renunciaron para facilitar la entrada de Gallardo en la Asamblea, con el objetivo de asegurar su aforamiento. Según ha trascendido, los cuatro sustitutos firmaron un acta notarial conjunta para acelerar el proceso y adelantarse al auto judicial.

La acusación solicita para Gallardo una pena de 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, así como una multa superior a 30.000 euros.

La jugada ha provocado tensiones internas en el PSOEX. Gallardo había promovido a su compañera dimitida para ocupar la Subdelegación del Gobierno en Extremadura, cargo que actualmente ostenta Maribel Cortés. Sin embargo, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, se ha negado rotundamente a este nombramiento.

Desde Cáceres también han llegado críticas. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres y ex secretario general del PSOEX en esa provincia, expresó su malestar por no haber sido informado: “Me duele mi partido. He sido secretario general durante 13 años y creo que me hubiera merecido saber exactamente qué estaba ocurriendo”.

A todo esto se suma la incertidumbre jurídica sobre la validez del aforamiento. Existe un conflicto legal que deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX). El Tribunal Constitucional, en su sentencia 119/1990, establece que la condición plena de diputado se adquiere con la toma de posesión y el juramento del cargo. Además, el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) señala que los diputados deben jurar o prometer acatar la Constitución para que su condición sea efectiva.