Asistimos estos días en Extremadura al hecho más antidemocrático vivido en Extremadura en democracia propio de una película de gánsteres. 

El líder de la oposición y Secretario General del PSOEX, Miguel Ángel Gallardo, ocupará un escaño en la Asamblea de Extremadura tras hacer dimitir a una diputada del PSOEX y así ocupar él el escaño en la Asamblea regional. Al no ser suficiente esta dimisión, cuatro miembros de la lista han tenido que presentar su renuncia para ocupar el escaño que, por orden, les correspondía. Quien ocupara el número 23 en la lista del PSOEX será, por arte de estrategia política, el número 1 de su grupo en la Asamblea. Estos mecanismos están recogidos en los estatutos de la cámara para casos justificados. 

A mi juicio, utilizar los instrumentos que otorga el reglamento de la Asamblea para casos determinados en beneficio propio e intereses de partido, es una inmoralidad. Porque se prostituye el sentido y objetivo de esa medida. 

Quien entra por la puerta de atrás en el parlamento no está capacitado para liderar nada. En este caso, el Grupo Parlamentario Popular está cargado de argumentos para poner en solfa cualquier discurso, pregunta o interpelación de quien ha aterrizado en el hemiciclo regional por la puerta de atrás, forzando una situación con el objetivo de burlar el proceso judicial en el que está inmerso. Han mercadeado con la institución más importante de la región utilizándola de manera espuria. Una chapuza como una catedral que ha provocado un enfrentamiento potente entre el secretario general protagonista del esperpento y el delegado del gobierno, José Luis Quintana sólo porque Gallardo pretendía sustituir a la actual subdelegada Maribel Cortés por su “sacrificada” Mari Cruz Rodríguez.

Con estas actuaciones y actitudes, están consiguiendo, quizá ese fuera el propósito, que los ciudadanos aborrezcamos la política para así campar a sus anchas prostituyendo todo lo que tocan

Sabemos cual era el precio que, supuestamente, cobraría la sacrificada Mari Cruz Rodríguez, antigua jefa de gabinete de Gallardo en la presidencia de la Diputación. Pero, ¿Los cuatro renunciantes no han pedido nada? La retribución de un diputado al año es de 66.814 €, 5.567,83 €/mes. Tanta generosidad de parte de quienes han tenido la posibilidad de ganar 133.628 € en lo que queda de legislatura, se me antoja difícil de creer. Dadas las circunstancias y el momento político que vivimos, sólo un acto de fe o de militancia extrema haría creíble semejantes renuncias.

Con estas actuaciones y actitudes, están consiguiendo, quizá ese fuera el propósito, que los ciudadanos aborrezcamos la política para así campar a sus anchas prostituyendo todo lo que tocan. 

La credibilidad de las instituciones hace aguas debido a casos como el que nos ocupa.  Desde que gobierna Sánchez, la imagen de España como nación ha caído en picado por su afán de instrumentalizar una gran mayoría de nuestras instituciones democráticas en su provecho y en el de su partido. No es pues de extrañar que el pupilo Gallardo en Extremadura emule la senda de su jefe político que accedió a la presidencia del gobierno de España (habiendo perdido las elecciones) gracias a los siete votos de un prófugo enemigo de España.